Monday, April 27, 2015

Atrapado entre el conflicto y el desarrollo, el Cauca es un departamento en crisis

La versión original de este articulo fue publicada en inglés en Latin Correspondent.
Todas las miradas se concentraron en el Cauca, departamento al suroccidente de Colombia, tras  los combates entre el Ejercito Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del pasado martes 14 de Abril que dejó como resultado 11 soldados muertos. El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos acusó a las FARC de romper su cese al fuego unilateral y ordenó el reinicio de bombardeos aéreos y ofensivas militares contra la guerrilla, mientras las FARC sostuvieron que  las bajas en inmediaciones del poblado La Esperanza fueron producto del “asedio de la Fuerza Pública”, versión que se corrobora con la expresada por las comunidades que habitan el área de operaciones.
Diversos  organismos de derechos humanos, movimiento socialies y políticos, organizaciones comunitarias y la misma insurgencia, inmediatamente hicieron un llamado para iniciar un cese al fuego bilateral  que reduzca la violencia y proteger a los diálogos de paz en La Habana, Cuba, que concluyeron su trigésimo quinto siglo el lunes pasado.
Sin embargo, la cobertura por los medios  masivos de comunicación ha desconocido la violencia en el Cauca que antenta estos más recientes ataques, la cual es el resultado no sólo del combate entre las fuerzas públicas y  la insurgencia de las FARC sino también se debe a los grupos neoparamilitares, los narcotraficantes, y las empresas multinacionales que pretenden implementar proyectos de minería, represas hidroeléctricas y otros megaproyectos de desarrollo en uno de los departamentos más biodiversos y también culturalmente diversos en Colombia.
‘’El departamento del Cauca ha sido bastante golpeado por la violencia, unas veces por la FARC, otras por paramilitares, y otras veces por el mismo Estado, y a ninguno le importa, o se ha puesto a mirar, que en últimas quienes terminamos, como decimos nosotros, ‘pagando los platos rotos’ somos las comunidades, afros, indígenas y campesinas”, escribió la lideresa afrocolombiana Francia Márquez, quien fue desplazada de su pueblo de La Toma, Cauca luego de recibir amenazas por sus denuncias de los impactos de la minería ilegal en las comunidades negras como parte de su trabajo con la Marcha de Mujeres Afro-descendientes del Norte de Cauca.
La militarización del campo colombiano a través de programas como el Plan Colombia, un programa estadounidense de ayuda antinarcótica y contrainsurgencia que hoy suma a más de $9.000 millones de dólares desde el 2000 incluyendo sus programas sucesores, ha exacerbado el conflicto. Aunque estos programas puedan haber debilitado militarmente a las FARC, los habitantes del Cauca dicen que no representan la seguridad para sus comunidades y las redes de narcotráfico de paramilitares en complicidad de paramilitares se fortalece cada vez más
‘’Muchos de los conflictos en el Norte del Cauca se han generado y se mantienen porque el estado colombiano no da las garantías para que se respeten los derechos colectivos de Afrodescendientes e Indígenas a la autonomía y la autodeterminación’’, manifestaron 20 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en su respuesta al anuncio del Presidente Santos sobre la reanudación de  bombardeos militares  sobre el territorio colombiano. ‘’Por más de veinte años, el gobierno ha agravado el conflicto porque sistemáticamente ignora acuerdos y leyes que traerían paz y justicia a la región’’
Represión en la cuna de movimientos sociales
Un ejemplo reciente es el retorno de las comunidades indígenas a sus territorios ancestrales en el norte de Cauca—llamada la Liberación de la Madre Tierra—que la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) viene coordinando desde octubre del 2014.
‘’ La minería, la agroindustria de la caña y los agrocombustibles, el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito están matando a la Madre Tierra’’,  aseveró la ACIN en una declaración publicada después de una audiencia pública que tomó lugar en Caloto, Cauca el 22 de abril. ‘’Ella no aguanta más; tampoco nosotros sus hijos, quienes la defendemos y la protegemos. La ausencia de una política agraria en el país, la alta concentración de la tierra en Colombia, la insuficiencia de tierras para los pueblos indígenas que habitamos la parte alta de la montaña, y para afrodescendientes y campesinos son razones suficientes para exigir la devolución de los territorios ancestrales y liberarlos del secuestro y explotación al que están sometidos’’.
En este contexto miembros de la ACIN  han ocupado varias fincas cerca de Caloto y Corinto, Cauca y han comenzado a sembrar cultivos de pan coger. Según la ACIN, aquel territorio debió haber sido devuelto como reparaciones por la masacre de El Nilo de 1991, en la que 21 indígenas del pueblo nasa fueron asesinados por paramilitares con el apoyo de las fuerzas públicas.
Aunque el gobierno colombiano pidió un perdón público, aún no ha cumplido con las reparaciones plenas a las viudas y los niños huérfanos del masacre y ha restituido apenas una mínima fracción de las casi 16.000 hectáreas de tierra que debe a las víctimas, según Ligna Pulido, una lideresa indígena nasa.
La ACIN ejerce el control sobre sus tierras no con armas, sino con una guardia indígena que lleva bastones de mando como un símbolo. Sin embargo, han pagado un precio alto por su resistencia no-armada mientras las fuerzas públicas vienen atropellando a los manifestantes. La policía antidisturbios ESMAD hirió por lo menos 203 indígenas, incluyendo 16 heridas graves y cuatro heridas ocasionadas por impacto de balas.
El 10 de abril, un joven de 18 años Fiderson Guillermo Pavi Ramos recibió tres impactos de bala y murió después de que ESMAD bloqueó la vía al hospital. Desde su muerte, solo en el mes de abril seis indígenas más fueron asesinados y dos fueron desaparecidos.
Estos ataques ocurren  en el marco de un aumento escalonado de violencia contra los defensores de derechos humanos colombianos a manos de ambas las fuerzas estatales y paraestatales. En los primeros tres meses del 2015 se registraron 295 actos de violencia, tres veces más que el número de ataques registrados durante el mismo periodo del 2014, según la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia.
Casi el 80 por ciento de los ataques fueron atribuidos a grupos paramilitares, seguidos por el 17 atribuidos a actores desconocidos, el 5 a las fuerzas públicas y ningunos por la guerrilla. Después de los ataques presentados en el Districto Capital de Bogotá, el departamento del Cauca registró el número segundo más alto de agresiones.
El laboratorio del post-conflicto?
El incremento de las acciones paramilitares no sólo desafía la  controvertida afirmación del gobierno colombiano que aquellos grupos se desmovilizaron en el 2005, sino también se evidencia la continuada estrategia  de terror, corrupción y manipulación mediática utilizada por poderosos actores políticos y económicos para callar a sus críticos.  En el departamento del Cauca, algunos jefes paramilitares han dicho públicamente que están amenazando a líderes afro-colombianos e indígenas por protestar en contra de la minería ilegal en sus territorios.  
‘’Existen alianzas inversionistas-paracos para despojar a los reclamantes de tierra’’, dijo Cesar Díaz, coordinador del Comité para la Integración del Macizo Colombiano (CIMA), una organización que trabaja en temas del uso de suelo y tierra en Cauca. ‘’Entonces [las FARC y el gobierno] están en unos acuerdos de paz pero los derechos humanos están en condiciones de degradación’’.
El cese al fuego bilateral que están exigiendo las organizaciones de derechos humanos, entre otros sectores, podría reducir las muertes violentas entre ejército e insurgencia mientras finalicen un acuerdo de paz. Sin embargo no es suficiente para disminuir la violencia que abarca más sectores de la población. Respecto a lo que seguirá, muchos líderes en Cauca llaman la atención a la riqueza natural en los territorios con presencia histórica de las FARC, además  la presencia de  cultivos ilícitos como factores que convertirán a Cauca en una zona de prueba poco optimista para las propuestas del desarrollo post-conflicto.
‘’Apoyamos a los diálogos pero el famoso post-conflicto no será nada bueno para nosotros. Incluso empeorarán muchas cosas’’, dijo otro líder de CIMA. ‘’Van a invertir mucho en el extractivismo en el sector rural…y entonces quién va a controlar ese territorio? Ahora hay tantos grupos nadie sabe realmente quien controla porque que todos están extorsionando y exigiendo plata a todos. Y eso no terminará con una desmovilización parcial. Nos oponemos a la locomotora minero-energética, las grandes extensiones de tierra y los hidrocarburos. Queremos trabajar el territorio propio como campesinos e indígenas’’.
Ligna Pulido, la lideresa Nasa, también fue crítica. ‘’No nos oponemos a la inversión en nuestras comunidades como tal sino la manera de hacerlo y la política detrás de ella. Las agencias como USAID invierten miles de millones de dólares para pagar a contratistas paracaídas que llegan sin hacer la consulta previa. Valdría la pena hacer un análisis a ver que hay los beneficio reales para las comunidades’’.

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